El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propone endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros espacios del Atlántico Sur.
El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros de Defensa, Carlos Presti, y Economía, Luis Caputo, plantea derogar la Ley 26.659, vigente desde 2011, que establece sanciones para actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en el área en disputa.
A diferencia del régimen actual, la propuesta amplía el alcance de las prohibiciones para incluir cualquier actividad no habilitada relacionada con el aprovechamiento de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. El esquema abarcaría las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina.
Entre las principales medidas se contemplan multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y períodos de inhabilitación de entre cinco y 20 años. Para las actividades vinculadas específicamente con hidrocarburos, el proyecto establece penas de prisión más elevadas: de 12 a 20 años para la exploración o explotación de recursos no renovables sin autorización y de 15 a 20 años para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, con multas que podrían alcanzar los tres millones de barriles de petróleo.
El régimen también alcanzaría a los proveedores que suministren bienes o servicios esenciales para esas operaciones cuando conozcan el destino de los mismos. Las empresas involucradas podrían enfrentar, además, la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, restricciones para contratar con el Estado y, en determinados casos, su disolución o liquidación.
Otra de las disposiciones establece que las compañías inhabilitadas no podrían desarrollar actividades económicas en el país durante el período de sanción. El proyecto prevé también la revocación de permisos, la pérdida de determinados beneficios fiscales y previsionales y la rescisión de contratos que tengan ejecución total o parcial en territorio argentino.
La iniciativa incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización para los infractores que decidan abandonar las actividades cuestionadas. El mecanismo contempla la posibilidad de pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. El cumplimiento de las condiciones previstas permitiría archivar actuaciones administrativas y extinguir la acción penal, con excepciones para casos de sentencia firme o reincidencia.
El proyecto propone además crear un Sistema de Seguridad Nacional que reúna funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas. Su órgano rector sería un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo.
Entre sus atribuciones, el Consejo tendría la elaboración de una Política de Seguridad Nacional y podría requerir información y asistencia a organismos públicos nacionales, además de solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios. La propuesta define como infraestructuras críticas a aquellas redes, instalaciones y sistemas indispensables para servicios esenciales, salud, defensa, economía y funcionamiento estatal.
El texto también establece procedimientos para responder ante aeronaves y embarcaciones consideradas hostiles. En el caso de los vuelos, contempla mecanismos de identificación, interceptación y, bajo determinadas condiciones, empleo de la fuerza mediante una orden expresa del Presidente. Para los buques se prevén advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización como medidas progresivas. El proyecto establece que un buque civil no podrá ser hundido como sanción, herramienta policial o mecanismo para impedir una fuga.
En materia económica, la propuesta contempla medidas frente a situaciones consideradas amenazas graves e inminentes para la seguridad nacional. Entre ellas figuran restricciones temporales sobre operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones, bloqueo de fondos y suspensión de permisos. También se prevé la posibilidad de elevar derechos de importación y exportación hasta un 75% para el Estado extranjero involucrado.
El proyecto incluye además modificaciones a la Ley de Defensa Nacional para incorporar amenazas externas estatales y no estatales, así como disposiciones sobre inteligencia extranjera, financiamiento electoral y campañas de desinformación. En particular, propone impedir que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda.
El último tramo de la iniciativa contempla elevar a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría disponer la inmovilización de bienes y restricciones sobre determinadas operaciones, con intervención judicial.
El proyecto deberá ahora atravesar el tratamiento parlamentario. Su alcance excede las sanciones vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas e incorpora un conjunto de modificaciones destinadas a establecer nuevas herramientas estatales en materia de soberanía, defensa, seguridad nacional y protección de sectores considerados estratégicos.