El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y estableció un plazo de cinco días para que el Estado avance con el cumplimiento de la Ley 27.795.
El juez Martín Cormick dispuso que el Gobierno nacional cumpla con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la normativa, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora.
Las disposiciones contemplan la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la recomposición de los programas destinados a estudiantes universitarios.
El reclamo forma parte de un proceso judicial iniciado a partir de un amparo colectivo promovido por el CIN y distintas universidades nacionales. La controversia también cuestiona la constitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a la identificación de fuentes específicas de financiamiento.
La medida cautelar tiene antecedentes en diciembre de 2025, cuando el mismo magistrado había ordenado inicialmente la aplicación de la normativa. Posteriormente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión y consideró que el Estado no había logrado desvirtuar los argumentos planteados por las instituciones universitarias.
El proceso llegó también a la Corte Suprema. El 25 de junio, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo debido a la ausencia de una sentencia definitiva, dejando firme la medida cautelar.
En paralelo al proceso judicial, el Gobierno, el CIN y representantes gremiales habían firmado el 10 de junio un acuerdo que contemplaba un incremento del 24,33% de la masa salarial, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de $50.000 millones para los hospitales universitarios.
El convenio también estableció un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio y un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias.
El Poder Ejecutivo sostuvo que ese acuerdo respondía sustancialmente a los artículos 5 y 6 de la ley y solicitó posteriormente el levantamiento de la medida cautelar. Sin embargo, el 1 de septiembre Cormick rechazó el planteo al considerar que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran eliminado los perjuicios señalados en el proceso judicial.
La disputa continuó en septiembre con las negociaciones salariales. En la reunión del 17 de septiembre, la Secretaría de Educación propuso un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, oferta que fue rechazada por los sindicatos universitarios.
En ese contexto, ADUBA y APUBA iniciaron el 21 de septiembre un paro escalonado de 23 días, acompañado por actividades de visibilización en distintas dependencias y unidades académicas, previsto hasta el 22 de octubre.
Las organizaciones gremiales también anunciaron nuevas medidas de protesta. La Marcha Federal Universitaria está convocada para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales, en una jornada que concentrará los reclamos del sector en torno al financiamiento universitario y la situación salarial.