Javier Milei anunció una serie de medidas ejecutivas y legislativas para reforzar la agenda argentina sobre las Islas Malvinas. El plan contempla inversiones en Tierra del Fuego y la Antártida, mayor desarrollo satelital y una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra empresas que operen en el archipiélago sin autorización argentina.
El presidente Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda nacional durante la cadena nacional que brindó este jueves, en la que reafirmó el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago y presentó una serie de medidas destinadas a fortalecer la posición del país en el Atlántico Sur.
Las iniciativas combinan decisiones del Poder Ejecutivo con un proyecto de ley que será enviado próximamente al Congreso. El paquete incluye modificaciones al régimen de sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas, inversiones en infraestructura militar y antártica y un incremento de los recursos destinados al desarrollo satelital.
Más sanciones para las empresas que operen en Malvinas
Uno de los anuncios centrales fue la firma de un decreto destinado a agilizar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659. La normativa alcanza a empresas que participen en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago bajo ocupación británica sin autorización argentina.
La nueva reglamentación contempla restricciones para esas compañías, que podrían quedar impedidas de operar y contratar en la Argentina. El Gobierno también anticipó que buscará profundizar estas medidas mediante una nueva ley.
Entre las empresas vinculadas a proyectos hidrocarburíferos en las islas aparecen Rockhopper y Navitas, asociadas al desarrollo del proyecto Sea Lion.
Una nueva base naval en Tierra del Fuego
Otro de los ejes del plan oficial es la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, concebida por el Gobierno como un punto estratégico para las operaciones argentinas en el Atlántico Sur.
Para avanzar con las obras, el Ejecutivo modificó partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa y dispuso adelantos a proveedores y contratistas por $114.732 millones. La prioridad será financiar el inicio de la construcción de la infraestructura.
La iniciativa no es nueva. Los primeros pasos para desarrollar una infraestructura de estas características comenzaron en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández y Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. Durante los primeros años de la administración de Milei, el proyecto había sufrido un fuerte recorte de fondos, aunque desde el Gobierno ya se analizaba retomar las obras.
En ese contexto, funcionarios habían evaluado incluso la posibilidad de obtener financiamiento de Estados Unidos. Sin embargo, esa alternativa quedó descartada por el momento. Desde la Casa Rosada remarcaron que la infraestructura será financiada y definida en función de los intereses argentinos.
El objetivo oficial es que Tierra del Fuego se convierta en un polo logístico estratégico para el Atlántico Sur, tanto para el monitoreo del Mar Argentino como por su cercanía con la Antártida.
El vínculo con la Base Antártica Petrel
La estrategia del Gobierno también contempla reforzar la Base Antártica Conjunta Petrel, una instalación considerada estratégica por su capacidad para operar tanto con embarcaciones como con aeronaves.
La intención oficial es desarrollar de manera paralela la Base Naval Integrada y Petrel, con la posibilidad de mejorar la conexión logística entre ambas instalaciones.
Los proyectos forman parte de las prioridades del denominado Plan ARMA, que contempla recursos provenientes de la venta o alquiler de inmuebles vinculados al área de Defensa. También se analiza complementar esos fondos con otras partidas presupuestarias.
La hoja de ruta oficial contempla un proceso de al menos cuatro años, con una inversión estimada de entre US$100 millones y US$150 millones anuales.
En abril de este año, el astillero estatal TANDANOR completó la estructura correspondiente al primer módulo de Petrel y avanzó hacia la construcción del segundo. Para incrementar el ritmo de las obras será necesario, sin embargo, aumentar los recursos destinados a la empresa.
Más fondos para el desarrollo de satélites
La estrategia anunciada por Milei también tiene un componente espacial. El Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026 incorporó un incremento de $117.000 millones en los gastos figurativos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
De acuerdo con fuentes oficiales, una parte importante de esos recursos estará destinada al desarrollo de nuevos satélites y al fortalecimiento de las capacidades de observación del territorio y del mar.
En paralelo, el Gobierno informó que la próxima misión satelital de la CONAE, SABIA-Mar, se encuentra en la etapa final de integración y ensayos en instalaciones de INVAP. Su lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2027.
El satélite incorporó una actualización tecnológica destinada a ampliar la generación de información estratégica para áreas como producción, seguridad, investigación científica y gestión ambiental.
El proyecto que llegará al Congreso
El componente legislativo de la estrategia será un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo envío al Congreso se espera para los próximos días.
La iniciativa tendrá dos ejes principales. Por un lado, buscará endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para las empresas involucradas en operaciones no autorizadas en las islas. Entre otras medidas, se plantea impedir que esas compañías puedan contratar tanto con organismos públicos como con empresas privadas dentro del territorio argentino.
El proyecto también contempla habilitar, cuando corresponda, la figura del juicio en ausencia para determinados infractores.
El segundo eje será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un organismo transversal que buscará coordinar las políticas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
Según explicó Milei, el objetivo será dotar al Estado de herramientas económicas y diplomáticas para responder ante actores estatales y no estatales que representen una amenaza para la seguridad nacional.
La estructura propuesta toma como referencia el National Security Council de Estados Unidos.