La protesta se realizó en la sede de la Secretaría de Educación de la Nación, donde estudiantes de distintas universidades reclamaron el cumplimiento de la normativa y un aumento de las becas Progresar. El Gobierno anunció que presentará una denuncia judicial.
Estudiantes de distintas universidades nacionales realizaron una sentada en el Palacio Pizzurno, en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras en las becas Progresar. La protesta tuvo lugar el miércoles 7 de octubre y terminó con el desalojo del edificio, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación.
La medida se produjo luego de un fallo judicial que declaró inconstitucional una disposición del Gobierno que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante la manifestación, los estudiantes solicitaron ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, para obtener respuestas sobre la implementación de la normativa.
De la protesta participaron principalmente estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Además del financiamiento universitario, reclamaron un incremento de las becas Progresar.
El Gobierno anunció una denuncia judicial
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó que las fuerzas de seguridad intervinieron para desalojar a los manifestantes. Posteriormente, el ministerio difundió un comunicado en el que calificó el episodio como una “toma violenta” y denunció presuntos daños al patrimonio público.
La cartera nacional adelantó que presentará una denuncia judicial para investigar lo ocurrido, evaluar los daños y determinar las responsabilidades correspondientes. Según la información difundida por fuentes oficiales, no se registraron detenidos.
En su comunicado, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que las manifestaciones deben desarrollarse dentro del marco legal y destacó la importancia del diálogo y el respeto por las instituciones democráticas.
El reclamo por el financiamiento universitario
La protesta se realizó después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declarara inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias necesarias para implementar la normativa.
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025. Si bien el presidente Javier Milei la vetó, ambas cámaras legislativas rechazaron el veto con la mayoría de dos tercios requerida para insistir con la sanción. Sin embargo, el decreto de promulgación incorporó una condición vinculada a la previsión de las fuentes de financiamiento, mecanismo que posteriormente fue cuestionado en la Justicia.
En este contexto, los estudiantes sostienen que el Gobierno debe cumplir con una ley aprobada por el Congreso y respaldada por una resolución judicial.
Convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria
La sentada se produjo en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 15 de octubre. La movilización reunirá a estudiantes, docentes y trabajadores no docentes para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas.
La convocatoria se suma a otras acciones de protesta impulsadas por la comunidad universitaria, entre ellas clases públicas, movilizaciones y presentaciones de petitorios. El reclamo central apunta a garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones y la continuidad de las trayectorias educativas.
De esta manera, el conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda educativa nacional, en medio de las demandas de la comunidad universitaria y la disputa con el Gobierno por los recursos destinados a la educación superior.