El gobernador Gustavo Sáenz respaldó el reclamo de la Mesa Empresaria y Productiva de Salta para que la rehabilitación de los ramales ferroviarios C14 y C15 sea una obligación del futuro concesionario del Belgrano Cargas. El planteo apunta a modificar los pliegos de la licitación nacional, cuyo cierre está previsto para el 11 de noviembre.
La propuesta se analizó durante una reunión encabezada por el mandatario provincial, con la participación de representantes de cámaras empresariales y legisladores nacionales por Salta. El objetivo es que las obras de recuperación de ambos corredores dejen de figurar como optativas y se incorporen como compromisos obligatorios para quien asuma la operación de la red ferroviaria durante los próximos 50 años.
Sáenz confirmó que realizó gestiones ante funcionarios del Gobierno nacional para plantear la preocupación de la provincia y sostuvo que continuará impulsando el reclamo. El gobernador también recordó los convenios firmados anteriormente para promover la reactivación ferroviaria y advirtió sobre las consecuencias de mantener postergada la infraestructura del norte argentino.
Los ramales involucrados cumplen funciones estratégicas para distintas actividades económicas. El C14 conecta Salta con Socompa, en la frontera con Chile, y representa una alternativa para el transporte de minerales y la vinculación con los puertos del Pacífico. Su recorrido también incluye la traza del Tren a las Nubes.
El C15, por su parte, atraviesa Perico, Embarcación y Salvador Mazza, y constituye una conexión ferroviaria hacia Bolivia. Sin embargo, los pliegos actuales identifican como sin circulación y sin compromiso de reapertura inmediata el tramo de 144,5 kilómetros entre Embarcación y Pocitos.
La Mesa Empresaria y Productiva fundamenta su pedido en el impacto que el transporte ferroviario podría tener sobre los costos logísticos. De acuerdo con un informe de Prograno citado durante el encuentro, el área de influencia del C15 genera más de 1,8 millones de toneladas anuales de granos, azúcar, papel y derivados, además de 252 millones de litros de alcohol y bioetanol, productos que actualmente se trasladan casi en su totalidad mediante camiones.
Según esos datos, transportar mercadería desde el norte salteño hasta los puertos de Rosario puede costar hasta 80 dólares por tonelada. El flete representa alrededor del 22% del precio de la soja y puede alcanzar el 40% del valor de producción del maíz. Las estimaciones presentadas por el sector indican que un servicio ferroviario eficiente permitiría reducir los costos logísticos entre un 20% y un 30%.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, destacó la importancia de coordinar el reclamo entre el sector público y el privado. También señaló que las distancias hasta los principales puertos y centros comerciales encarecen la actividad productiva y consideró que el tren puede contribuir a mejorar la competitividad de las empresas del norte.
En la misma línea, el titular de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar, explicó que el eje de la reunión fue solicitar que los ramales C14 y C15 sean incorporados como obligaciones contractuales para el futuro concesionario. Según sostuvo, su recuperación permitiría mejorar la conexión con Chile y Bolivia y generar mejores condiciones para la industria, el agro y la minería.
La Mesa Empresaria y Productiva de Salta está integrada por siete entidades: la Cámara de Minería de Salta, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPEMISA), la Cámara de Comercio e Industria de Salta, la Cámara de Comercio Exterior de Salta, la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Unión Industrial de Salta.
De la reunión participaron la senadora nacional Flavia Royón; los diputados nacionales Pablo Outes, Yolanda Vega y Bernardo Biella; el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho; el coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, Ricardo Villada; y representantes de las cámaras empresariales y del sector productivo.
Con la licitación como horizonte inmediato, la discusión se concentra en las condiciones que establecerá el Estado nacional para la futura concesión y en la posibilidad de garantizar inversiones ferroviarias que respondan a las necesidades productivas y de integración del norte argentino.